Los expertos señalan que los seguros público-privados deben transformarse

¿Quién paga los costes cuando ocurre una gran catástrofe? ¿Por qué aumentan las pérdidas no aseguradas? ¿Cuál es la opinión de la Asociación de Génova respecto a la colaboración de los seguros público-privados? Estas son las preguntas que vamos a contestar en este post. 

En los últimos años es probable que hayas tenido la sensación de que las catástrofes ocurren cada vez con más frecuencia. 

Inundaciones con efectos cada vez más devastadores, incendios que lo asolan todo, pandemias que paralizan países enteros o incluso ciberataques capaces de bloquear servicios esenciales. 

Esta percepción no es solo una impresión: los riesgos están aumentando y, con ellos, los daños económicos y sociales.

Ante este escenario, surge una pregunta clave: Tradicionalmente, la respuesta ha sido sencilla. Una parte la cubren los seguros privados y otra recae sobre el Estado, a través de ayudas públicas. Sin embargo, este modelo empieza a mostrar signos claros de agotamiento.

El límite de los modelos tradicionales

Los seguros funcionan bien cuando los riesgos son relativamente previsibles y están repartidos entre muchas personas. 

Pero cuando los desastres se vuelven más frecuentes y afectan a grandes zonas o a millones de personas al mismo tiempo, el sistema se tensiona. Cada vez hay más pérdidas que no están aseguradas y cada vez resulta más caro cubrirlas.

Al mismo tiempo, los Estados se enfrentan a presupuestos muy ajustados. Sanidad, educación, pensiones y deuda pública ya consumen una gran parte de los recursos. 

Cuando ocurre una catástrofe de gran magnitud, las arcas públicas tienen que responder, a menudo endeudándose aún más. Este equilibrio es cada vez más difícil de mantener.

¿Qué son los seguros público-privados?

En este contexto aparecen los llamados seguros público-privados. Son programas en los que colaboran el Estado y las aseguradoras privadas para cubrir riesgos que, de otra forma, serían difíciles o imposibles de asegurar. 

El objetivo es repartir el riesgo: una parte la asume el mercado privado y otra el sector público, especialmente en los casos más extremos.

Este tipo de esquemas existen en distintos países y para diferentes riesgos, como terremotos, inundaciones o grandes catástrofes naturales. 

En muchos casos han permitido que más personas tengan acceso a una cobertura que, de otro modo, sería demasiado cara o directamente inexistente.

Lo que funciona… y lo que no

Un análisis reciente de estos programas muestra que han tenido efectos positivos. Han ayudado a estabilizar mercados, han ampliado la cobertura y han evitado que muchas familias y empresas queden completamente desprotegidas tras un desastre. 

Sin embargo, también presentan problemas importantes.

Uno de los principales es que suponen una carga creciente para el Estado. Si el sector público acaba asumiendo demasiados costes, el sistema deja de ser sostenible. 

Otro riesgo es que, si la intervención pública es excesiva, las aseguradoras privadas pierdan incentivos para participar o innovar.

Pero hay un problema aún más profundo: muchos de estos programas se centran casi exclusivamente en pagar después del desastre. Es decir, funcionan como un parche que alivia el golpe, pero no reducen las causas del daño.

El gran cambio de enfoque: prevenir en lugar de solo pagar

Aquí está el núcleo del argumento. En un mundo con riesgos crecientes, no basta con indemnizar después de que todo haya salido mal. Si no se invierte en prevención, los daños seguirán aumentando y el sistema acabará colapsando.

Prevenir significa muchas cosas: 

• Construir de forma más segura

• Evitar edificar en zonas de alto riesgo

• Mejorar las infraestructuras

• Reforzar la ciberseguridad 

• Concienciar a la población

Estas medidas suelen ser menos visibles que una indemnización, pero a largo plazo resultan mucho más eficaces y económicas.

Por eso, los expertos señalan que los seguros público-privados deben transformarse. No pueden ser solo mecanismos de pago, sino herramientas que ayuden a reducir los riesgos antes de que se materialicen.

Cuatro principios para que el sistema funcione

Para que estos programas sean viables, se identifican cuatro principios básicos. 

1. El acceso debe ser equitativo y a precios razonables, para que no solo se beneficien unos pocos. 

2. Las finanzas públicas deben protegerse, reservando la intervención del Estado para los casos realmente extremos.

3. El sector asegurador privado debe tener un papel activo y asumir riesgos de forma sostenible.

4. Cuando ocurre una catástrofe, las ayudas deben llegar con rapidez, porque la recuperación temprana es clave para reducir el impacto económico y social.

Hacia una sociedad más resiliente

La idea de fondo es clara: los seguros, por sí solos, no pueden resolver el problema de las grandes catástrofes. Tampoco puede hacerlo el Estado actuando en solitario. La solución pasa por una colaboración inteligente entre lo público y lo privado, con un enfoque mucho más preventivo.

Cuando los incentivos están bien alineados, todos ganan. Las personas viven más protegidas, las empresas pueden recuperarse antes, las aseguradoras operan en un entorno más estable y el Estado reduce la presión sobre sus cuentas.